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Guerrero: el difícil arte de ejercer el periodismo



SNRP. 

CIUDAD DE MÉXICO, 04 Enero 2017.- Buenos días, compañeros. En esta fecha que es el aniversario del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, también conocida como el Día del Periodista, queremos fijar una postura sobre nuestro quehacer diario.
Las cifras suelen ser frías, sin embargo duelen. Documentan una realidad aunque no la maticen ni le den ningún otro valor, más que mostrar el dato.
En el caso del ejercicio periodístico en Guerrero, esas cifras hablan de un nivel de impunidad de tal manera grave que ha recorrido de modo transversal la historia reciente del estado.
En los últimos seis años, según documenta la organización Artículo 19, en Guerrero ha habido más de 100 agresiones a periodistas, donde las menores pueden ser verbales o empujones por parte de agentes de seguridad a la hora de hacer una cobertura y las más graves el asesinato; y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su recomendación 24 sobre la libertad de expresión, ubica a Guerrero como una de las cinco entidades con más casos de agresiones a comunicadores. Los principales agresores, según las estadísticas, son funcionarios públicos, aunque el contexto de violencia ha incluido al crimen organizado como nuevo actor.
La situación sin embargo viene de lejos. En el interinato de Ángel Aguirre Rivero fueron asesinados Abel Bueno León, incendiado vivo en su automóvil, y Rafael Aguilar Villafuerte; en el gobierno de René Juárez Cisneros, fue desaparecido el director de la revista Mundo Político, Leodegario Aguilera Lucas.
Durante el mandato de Zeferino Torreblanca se registró el mayor nivel de agresiones a periodistas en toda la historia del estado, con 11 asesinatos de comunicadores, de los cuales solamente uno concluyó en una sentencia condenatoria; en el segundo período de Ángel Aguirre Rivero, dos periodistas fueron desaparecidos, José Antonio López, de Novedades Acapulco, y Emmanuel Salvador Reyes Chávez, del ABC de Zihuatanejo; uno, Jorge Torres Palacios, fue asesinado; y otro, Emilio Lugo, tuvo que emigrar del estado por amenazas.
Durante el interinato de Rogelio Ortega ocurrió la agresión policiaca a camarógrafos que cubrían la protesta de la Ceteg en el aeropuerto de Acapulco, el 14 de febrero de 2015.
En lo que va del período de Héctor Astudillo, solamente en 2016, un periodista ha sido asesinado y al menos cinco han recibido algún tipo de amenaza o agresión grave. Comienza 2017 con la acusación judicial contra el fotógrafo Lenin Ocampo y el intento de levantón de un periodista de la región costera entre Guerrero y Michoacán.
En todos los casos, en todas las administraciones, el común denominador ha sido la apatía de las autoridades ya no se diga para castigar a los responsables, sino ni siquiera para investigar los hechos.
Por eso desde aquí seguimos reclamando justicia para los compañeros victimados desde 1993, cuyos casos no han sido aclarados, pero particularmente pedimos al gobernador Astudillo, y al gobierno federal, principalmente, su intervención ante las agresiones ocurridas en 2016 y lo que va de 2017. Los cito: exigimos castigo para los homicidas de Francisco Pacheco Beltrán en Taxco y que el fiscal rinda un informe sobre la investigación, que al parecer no avanza en nada; sanción a los policías federales que intentaron secuestrar a Gamaliel García Barrera en Chilpancingo en una estación de televisión; coadyuvancia y apoyo legal al reportero José Nava Mosso, acusado por el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Emiliano Lozano Cruz, de publicar lo que ya todos habían publicado: un video donde la policía lo detiene por orinarse en la calle; pedimos al presidente Enrique Peña Nieto que se retire la acusación de la Fiscalía de Jalisco, contra el reportero gráfico Lenin Ocampo, que pretende vincularlo con un grupo de la delincuencia; que se dé seguimiento a las amenazas contra Ezequiel Flores, Alejandrino González, José Molina y José de Jesús López; y que se hagan efectivos los protocolos para garantizar la seguridad de Arisdahi Romero Rodríguez, jefe de noticias en el noticiario Radiorama Enlace de la Costa Grande, quien ayer tuvo que abandonar el estado tras un intento de levantón por individuos armados.
En general, a las autoridades les demandamos mayores garantías para el ejercicio de nuestra labor periodística. Todos estamos cansados de trabajar bajo la zozobra, y de saber que si algo nos sucede, no pasa nada.
Por otra parte, compañeros, también queremos fijar un posicionamiento sobre el Fondo de Apoyo a los Periodistas. Como se sabe, esta institución fue creada por una ley y comienza por una aportación económica de los propios comunicadores.
Al inicio de la actual administración, la secretaría de Desarrollo Social se comprometió a depurarlo, pues todos sabemos que hay en él personas que son ajenas a la actividad periodística, y a hacer público el nuevo padrón. Sin embargo eso no ocurrió: hasta hoy el padrón sigue siendo tan misterioso como lo fue siempre (excepto durante el gobierno de Zeferino Torreblanca, que se subió a la página del gobierno del estado), y tampoco existe una manifestación pública sobre el estado de sus finanzas, ni se han otorgado préstamos a los que por ley se tiene derecho. Vamos, ni siquiera se han entregado las pólizas del seguro de vida, a pesar de que supuestamente la nueva compañía aseguradora se contrató en abril del año pasado.
Desde aquí planteamos la necesidad de reformar la Ley del FAP, adecuándola a los tiempos y circunstancias actuales. Al gobernador Héctor Astudillo le pedimos de manera respetuosa que gire instrucciones a la secretaria de Desarrollo Social, Alicia Zamora Villalba, para que dé cumplimiento a los acuerdos establecidos el año pasado. La transparencia en la integración del padrón es algo que no perjudica el funcionamiento del FAP, sino al contrario, que lo legitima.
Finalmente, no podemos eludir que el ámbito laboral es complicado, pues las grandes empresas han reducido al mínimo su personal, y sienten que la falta de fuentes de empleo les permite maltratar a sus reporteros, que no tienen a dónde irse; en muchas, grandes y pequeñas, los periodistas siguen financiando su propio traslado hacia cumplimiento de sus órdenes de trabajo, lo que significa que están financiando un gasto operativo que las empresas eluden.

Así pues, ejercer el periodismo en Guerrero, es difícil; lo es más en tiempos violentos. A las presiones naturales de políticos  que quisieran controlarlo, se suma la amenaza de la delincuencia. Sin embargo, aquí estamos, enfrentándolo todo, soportándolo todo, incluso a veces con riesgo de nuestra propia vida, para seguir en este que Gabriel García Márquez llamó “el mejor oficio del mundo”.

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